CODOPA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano y Gustavo Adolfo Aguilar en Guatemala

La Coordinadora asturiana de ONGD expresa su firme condena por el brutal asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro ocurrido el 17 de octubre de 2026 en Ciudad de Guatemala y extiende nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y seres queridos. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la sociedad civil organizada y con todas las personas que hoy comparten el dolor y la consternación ante estas irreparables pérdidas.

El abogado y notario Juan Francisco Solórzano Foppa fue ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público (MP). Dedicó su vida a la promoción de la justicia y la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el crimen organizado y demostró un compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos en Guatemala.  Su trágica muerte representa una pérdida irreparable para su familia y un grave ataque contra la democracia y el Estado de derecho.

Nos sumamos al llamamiento de organizaciones guatemaltecas e internacionales para exigir a las autoridades del Estado una investigación exhaustiva, independiente y transparente que esclarezca los hechos y permita llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales.  

Instamos al Estado de Guatemala a tomar medidas efectivas para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y luchan contra la corrupción y la impunidad, compromisos asumidos en la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, suscrito el 29 de diciembre de 1996. Es imperativo garantizar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer sus libertades y participar en la vida pública sin temor a la violencia.

Desde la Coordinadora de ONGD reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad humana, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de sociedades democráticas en las que la vida y las libertades fundamentales sean protegidas y garantizadas. Reiteramos nuestra solidaridad y nuestra convicción de que el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia son esenciales para honrar la memoria de las víctimas y fortalecer la convivencia democrática.