Encuentro en la Finca La Europa: resistencia campesina

La XVIII Delegación de verificación de los Derechos Humanos recala en el departamento de Sucre, donde visita la Asociación de Campesinos y Campesinas de la finca La Europa, en el municipio de Ovejas. 400 son las personas de esta comunidad campesina, 20 los asesinados en la lucha por la tierra, 6 desaparecidos y 90 familias obligadas al desplazamiento forzado.

Tras una sesión de vallenato con el maestro Andrés Narváez y su formación (música para la resistencia y la memoria en el territorio de Montes de María) recogemos testimonios de los líderes campesinos de la zona, quienes resisten valientemente al asedio de los grupos armados y denuncian la corrupción de las instituciones, que hunden los servicios básicos para el enriquecimiento de unos pocos. La audiencia se completa con investigadores de la Universidad, de la Casa de la Memoria El Bonche, Asociaciones campesinas, ANUC, Visión vallenata, Defensoría, AsoviChengue, y el grupo musical de gaitas.

Así, a la ya frágil situación de esta comunidad se suman las medidas para hacer frente al COVID19. Denuncian que no saben qué ha sido de los 70.000 millones de pesos que iban a ser destinados a la conexión online de escolares para evitar contagios. La corrupción es orgánica. Además, no se cumplen los compromisos de la jurisdicción agraria para la restauración de las víctimas del conflicto, no son devueltas las tierras ni llegan las indemnizaciones. A este análisis sumamos que nos encontramos a las puertas de unas elecciones que podrían dar un giro a la situación del país.

Sin embargo, doce de los curules especiales de Paz han renunciado porque no se dan las garantías democráticas necesarias. Amenazas a los líderes, extorsión y compra de votos son algunos de los elementos que ponen en serio peligro la limpieza de las próximas elecciones y que pueden hacer que éstas vuelvan a caer en manos de los victimarios.

El 24 de diciembre había fallecido Ingrid Vergara, defensora de Derechos Humanos en Sucre. Ingrid fue portavoz durante muchos años del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Fue símbolo de resistencia y lucha por la defensa de los derechos de las víctimas en temas como la recuperación de tierras despojadas a campesinos desplazados por el conflicto social y armado.

Junto a la enfermedad y el cáncer, vivió sus últimos años amenazada de muerte por la labor que cumplía acompañando a las víctimas. Tenía asignado un esquema de seguridad de la UNP y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue finalista del Premio Nacional de Derechos Humanos y del premio internacional de defensores de derechos humanos de Front Line Defenders.