En la agenda exterior del gobierno de USA los derechos humanos son un obstáculo o un objetivo que es preciso destruir.
CODOPA denuncia la lógica del control y el expolio mediante la fuerza y la vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas por parte de Donald Trump en la agresión a Venezuela. Un signo más de un tiempo de matonismo donde las únicas reglas las pone él: para Donald Trump, la política exterior es sobre todo una cuestión de negocios.
La CODOPA expresa su condena categórica a la agresión militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y el secuestro de Nicolás Maduro; este hecho constituye una violación del derecho internacional y una injerencia inadmisible en los asuntos internos de un país soberano.
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela amenaza la paz global y hace que el mundo sea menos seguro. Agresiones como esta dan luz verde a cualquier nación del mundo que desee atacar a otro país para apropiarse de sus recursos o cambiar sus gobiernos.
Es la misma lógica de la fuerza que Rusia ha utilizado para justificar su invasión de Ucrania. Es la lógica de la impunidad que ha permitido a Israel cometer un genocidio sin sanciones ni consecuencias. Es, en última instancia, la lógica del control y el expolio mediante la cual las potencias del Norte global siguen imponiéndose sobre el Sur global, privándolo de la soberanía sobre sus propios recursos.
Es urgente actuar con responsabilidad y respeto a las leyes como vía para encauzar la situación hacia un contexto coherente con la legalidad internacional, proteger a la población civil y reforzar el diálogo democrático.
Instamos a la comunidad internacional, al gobierno asturiano, al Gobierno de España y la Unión Europea a:
· Que exijan a los Estados Unidos de América el cese inmediato de cualquier acción militar, amenaza o injerencia externa que vulnere la soberanía de Venezuela y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
· Que demanden la garantía del respeto al principio de soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales, evitando cualquier forma de apropiación, control o tutela externa contraria al derecho internacional; debe asegurarse que su gestión responde exclusivamente a las decisiones soberanas del pueblo venezolano.
· Que promuevan una resolución pacífica del conflicto, garantizando el respeto a los derechos humanos, la cobertura de las necesidades humanitarias existentes y la participación de la sociedad civil venezolana en la toma de decisiones de forma que se supere la crisis actual en el marco del respeto a la democracia y la legislación internacional.
· Que defiendan una posición clara y activa en defensa de la legalidad internacional, promoviendo iniciativas diplomáticas y multilaterales que contribuyan a la desescalada de la actual situación, la rendición de cuentas y la construcción de paz.
Ana Suárez González
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