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CODOPA SE POSICIONA ANTE LA NUEVA LEY DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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La Junta Directiva de CODOPA hace llegar sus propuestas e inquietudes ante la nueva Ley que reformará la Cooperación al Desarrollo en el Estado español, reuniéndose con Sofía Castañón,  la diputada cuyo grupo preside la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


CODOPA no podía permanecer al margen de los cambios que de forma inminente se van a producir en el marco de la Cooperación española, un cambio que venía siendo demandado  hace años, ya que desde 1998  el mundo ha cambiado y cambia cada vez más rápido, nos relacionamos y participamos de forma diferente, los límites del planeta son más evidentes que nunca o el feminismo como construcción social apunta certeramente a la democratización de los espacios políticos, sociales e institucionales. Por tanto debemos ver este nuevo marco legal como una oportunidad para repensar y compartir entre todas ideas sobre qué cooperación futura queremos, interpretamos que tiene que ser y cuál es la que se está proyectando con el nuevo texto de ley.

CODOPA ha demandado reunirse con nuestros representantes políticos en la Comisión que preside Roser Maestro Moliner porque quienes nos movemos en el ámbito de la cooperación a nivel autonómico y local somos muy conscientes de que en nuestra dimensión territorial de actuación la nueva Ley de Cooperación también tendrá gran influencia, pues atañe a todas las Administraciones y territorios.

Durante el encuentro CODOPA se han trasladado de forma amplia las distintas preocupaciones que para el sector se desprenden del nuevo marco legal y que se resumen en cuestiones generales como el espíritu “excesivamente financiero” del texto y la ausencia de referencias a mecanismos de coordinación, evaluación o seguimiento de las políticas de cooperación. Pero también de forma más específica se han trasladado algunos otros elementos de preocupación.

La clara incorporación de lo que se ha denominado las nuevas alianzas público-privada, o la incorporación de las empresas en un espacio eminentemente solidario y el acceso a las ayudas de estas en un espacio que debe promover el fortalecimiento social y la participación ciudadana muy por encima de cualquier  beneficio económico es algo preocupante. Esto en ningún caso debe suponer una vuelta de tuerca más a la supeditación de las políticas públicas a los intereses corporativos también en el marco de la Cooperación Internacional.

En cuanto  al papel y las funciones de lo que se denomina la Cooperación Descentralizada, esta Ley de ninguna forma debe recoger un modelo vertical y recentralizador. Debe poner en valor y tener todo el reconocimiento ante Comunidades Autonómicas y Municipios que han sostenido y desarrollado el mayor y más cuantioso esfuerzo en mantener políticas solidarias cuando el gobierno central fracasó en ello. En ningún caso conceptos como complementariedad,  cogobernanza, o las llamadas a la coordinación pueden constituir  un ajuste fuerte para dirigir desde arriba y desde el centro la acción descentralizada que constituye el elemento más destacable de nuestro sistema.

La escasa puesta en valor de la Educación para la Ciudadanía Global, y por tanto la participación ciudadana elemento central de cualquier política transformadora decente es otro elemento que se constituye como fuente de enorme preocupación. La nueva Ley ignora casi completamente la necesidad de situar en el centro  una ciudadanía comprometida, activa e implicada en los cambios globales desde un conocimiento crítico de la realidad. Una ciudadanía que participe en la solidaridad internacional, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos, la justicia económica, social, de género y la paz, desde lo local y en complicidad con el resto de agentes de la cooperación estatal y descentralizada.

 

Por último destacar que el papel de las organizaciones sociales en la transformación que plantea la nueva Ley perdemos parte del papel de agente preferencial de Cooperación y transformación obviando no solo nuestra participación en la construcción histórica del sistema si no nuestro papel en el futuro. Las ONGD no podemos renunciar al análisis y el discurso realmente crítico, y luchar por el reconocimiento como socias confiables de las políticas gubernamentales y acceso a más recursos en condiciones menos burocráticas y más flexibles, cada vez más cuestionado.

Por ello toca trasladar de la forma más unificada y con toda la fortaleza posibles nuestros cuestionamientos y propuestas, en este momento donde, abierto el periodo de enmiendas, otro mundo aún es posible. Así podremos tener una mejor Ley que satisfaga y sirva a la ciudadanía y las personas con las que trabajamos en cualquier parte del mundo.

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