Apoyo a la Coordinadora Extremeña de ONGD

LAS POLÍTICAS SOCIALES VÍCTIMAS DE LA NEGACIÓN IDEOLOÓGICA EN EXTREMADURA.

La situación que está sufriendo nuestras compañeras de la Coordinadora extremeña de ONGD (CONGDEX) y el tejido asociativo de esta comunidad es inaceptable, por ello les mandamos todo nuestro apoyo y nos sumamos a su preocupación ante el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX en la Junta de Extremadura. Las políticas públicas en materia de igualdad, cooperación, migraciones, educación, sanidad, familia o inclusión social no son elementos accesorios ni intercambiables en una negociación política. Constituyen pilares fundamentales para garantizar derechos básicos, cohesión social y bienestar colectivo.
  
A continuación, reproducimos el comunicado publicado por la CONGDEX:

Este acuerdo se produce en un contexto global y local especialmente complejo, marcado por el aumento de las desigualdades, la polarización social y el cuestionamiento de los consensos básicos en torno a los derechos humanos, la democracia y la convivencia. En este escenario, consideramos imprescindible reforzar —y no debilitar— los principios que sostienen el Estado social y democrático de derecho, tal y como hemos venido advirtiendo.

Nos preocupa especialmente que, en el marco de este acuerdo, determinadas políticas vinculadas a derechos fundamentales sean instrumentalizadas, debilitadas o eliminadas por responder a agendas ideológicas que niegan o cuestionan derechos humanos universales, como la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad cultural o los derechos de las personas migrantes.

Tal y como recoge la trayectoria de la cooperación descentralizada en Extremadura, estas políticas han sido construidas durante décadas mediante el diálogo entre instituciones públicas y sociedad civil, consolidándose como un activo estratégico para la democracia, la justicia social y la solidaridad internacional.

La cooperación extremeña ha sido, durante más de tres décadas, una política pública ejemplar que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de personas en distintos territorios del mundo, apoyando procesos de acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la soberanía alimentaria o la igualdad de género, y fortaleciendo a su vez una ciudadanía crítica y solidaria en nuestra propia región.

La entrada en las instituciones de discursos que niegan violencias estructurales, invisibilizan desigualdades o promueven la exclusión de determinados colectivos supone un riesgo para los consensos democráticos alcanzados. Las organizaciones sociales constatamos, a través de nuestro trabajo cotidiano, que las desigualdades no son abstractas. Afectan de manera concreta y desproporcionada a colectivos como las mujeres, las personas migrantes o quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Este compromiso no solo ha posicionado a Extremadura como un referente en solidaridad internacional, sino que ha reforzado los valores democráticos, de justicia global y de interdependencia que sostienen nuestras sociedades. Por ello, resulta profundamente preocupante que esta política pueda ser cuestionada, debilitada o eliminada.

En este sentido, no podemos dejar de señalar la sensación de abandono —y sí, de traición— que se genera cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar, tanto desde el Partido Popular como desde las propias instituciones, incluyendo la Presidencia de la Junta, la Consejería competente y la AEXCID, dejan de defender activamente una política que ha sido construida colectivamente y que forma parte del consenso social y democrático de nuestra comunidad.