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Para contactar con el grupo local puedes enviarnos un mail a la direccion auditoria.astur_arroba_gmail.com

La Auditoria

Con la Auditoría Ciudadana de la Deuda pretendemos analizar la deuda pública y la privada susceptible de ser pública a fin de conseguir los siguientes objetivos:

1. Evidenciar su ilegitimidad y por consiguiente exigir el NO PAGO.

2. Denunciar el sistema financiero que nos ha conducido a esta crisis para avanzar hacia un cambio de modelo social, económico, político y humano.

3. Denunciar a los representantes del aparto político estatal e internacional (BCE, FMI y UE) para promover unas medidas que restan derechos y libertades a la población y beneficiarse de privilegios por encima del resto de la población.

4. Depurar responsabilidades de los diferentes actores en la generación de deuda ilegítima tanto aquí como en el Sur.

5. Empoderar la población en relación a decisiones que tienen que ver con su futuro y sus recursos, a través de la creación de espacios de aprendizaje, democracia participativa y transparencia.

No Debemos no Pagamos

El objetivo es principalmente la denuncia y exigencia de responsabilidades de los diferentes actores responsables en la generación de la deuda, tanto aquí como en el sur, a través de un proceso de formación y empoderamiento que nos ayude a desmontar el discurso oficial y hacer frente a las medidas de ajuste y reformas, como falsas respuestas a la crisis.

Sabías que...?

· Antes de la crisis, la deuda pública era del 36% del PIB. En la actualidad llega al 70 %.

· El 84 % de la deuda total española es privada, pero prácticas como los rescates financieros convierten a buena parte de ella en pública.

· Con el dinero que se ha dado a los bancos, 141.000 millones de euros, prácticamente se podría duplicar la inversión en políticas sociales.

· El 55% de la deuda pública está en manos de entidades financieras españolas.

· Los bancos tienen en activos tóxicos unos 176.000 millones de euros. El banco malo es una estrategia para que la población asuma la basura financiera.

· Las grandes empresas tributan de media un 17% y no el 30%.

· Se calcula que el fraude fiscal anual de las grandes empresas y fortunas asciende a 45.000

millones de euros. El total se sitúa en torno a los 70.000 millones de euros, mientars que los recortes han supuesto 52.000 millones.

· El derecho internacional permite no pagar una deuda ilegítima.

· Los procesos de auditoría y el no pago de la deuda ilegítima han sido la única forma que han podido encontrar países como Argentina o Ecuador para salir de la situación de crisis.

· Actualmente hay 12 países coordinados para la campaña internacional por la auditoría ciudadana de la deuda: Grecia, Portugal, España, Italia, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Polonia, Túnez y Egipto.

¿Cuál es la verdad que esconde la Deuda?

En nombre de la Deuda se están aplicando políticas de austeridad basadas en continuos recortes sociales que no son más que la excusa para traspasar fondos públicos a manos privadas. O sea, un desfalco de recursos públicos. De esto se benefician, entre otros, las grandes multinacionales que desean hacerse con el jugoso pastel de la privatización de los servicios públicos.

Otros “afortunados” son aquellos agentes financieros que se enriquecen con la emisión de deuda pública. Los bancos nacionales, por ejemplo, reciben préstamos del BCE a un 1% de interés y los revenden, tras sanear sus cuentas, a la administración pública a un 5%. Actualmente, el BCE estima que los bancos nacionales tienen 119.000 millones de euros en deuda pública española. Por no hablar de las subastas extrajudiciales de pisos, no dación en hipoteca, bonos preferentes, CDS, etc.

¿Qué mecanismos se han usado para convertir la deuda pública en un problema de la población?

Para rematar la jugada y garantizar el pago de la deuda ante cualquier reclamación social, nos imponen sin previo aviso y sin referéndum la reforma exprés de la Constitución española, aprobada en 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Esto prohíbe cualquier intento de negociación o repudio de la deuda, por lo que la prioridad del Estado –según esta reforma- no será invertir en pensiones, ni salarios ni derechos sociales, sino en el pago de dicha deuda que, recordemos, en buena parte no es pública, sino privada.

Estamos trabajando en la web de la Auditoria, entre tanto puedes consultar la web auditoriaciudadana.net/

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